Banderas de Provincias

La provincia es una demarcación administrativa de España reconocida en la Constitución de 1978 cuyo origen se remonta a la división territorial de 1833. Hoy día hay un total de cincuenta provincias que, así como las urbes autónomas de Ceuta y Melilla y las plazas de soberanía africanas, entienden la totalidad del territorio de España. Leer Más

Historia

Procedentes: los primeros proyectos de división provincial
El reformismo borbónico introdujo ciertos cambios en la organización político-territorial de España, como la creación de las audiencias y también intendencias. No obstante, proseguían predominando en una gran parte las divisiones heredadas de los Habsburgo, con territorios de extensión dispar y múltiples entornos de unas provincias en otras. Para solucionar este statu quo, los ilustrados plantearon una división racional del Reino. El primer proyecto serio fue el elaborado entre mil setecientos noventa y nueve y mil ochocientos cinco por el superintendente de Hacienda Miguel Cayetano Soler. No obstante, las conmociones políticas de los años en que se efectuó el proyecto no dejaron su realización, que fue retomado por las Cortes de Cádiz poco después.
A lo largo de la ocupación francesa, José Bonaparte, por el R. D. del diecisiete de abril de mil ochocientos diez, creó una nueva organización administrativa y territorial, calcada del modelo de departamentos franceses: consistía en la división del país en una serie de prefecturas y subprefecturas que suprimían las divisiones administrativas del Viejo Régimen. No obstante, esta nueva división apenas fue operativa, puesto que este Gobierno solo controlaba una pequeña una parte del territorio de España y, por otro lado, Napoleón planeaba la integración a Francia de las tierras al norte del Ebro.
Por su lado, las Cortes de Cádiz reanudaban en mil ochocientos doce los proyectos de los ilustrados: dictaminaron la eliminación de los viejos reinos, provincias y también intendencias en que se dividía España, y efectuaron una división del país en provincias, regulada y racionalizada. No obstante, el proyecto no pudo llegar a aplicarse, puesto que la vuelta a España del absolutismo de la mano de Fernando VII dejó sin efectos esta división provincial, al derogar en mil ochocientos catorce la Constitución de Cádiz, volviéndose al esquema político-administrativo del Viejo Régimen. A lo largo del Trienio Liberal (1820–1823) se establecería nuevamente la división provincial ensayada por las Cortes de Cádiz, mas sería nuevamente suprimida por Fernando VII al recobrar el poder absoluto. La organización provincial terminante sería adoptada tras la muerte de este en mil ochocientos treinta y tres, al aceptar la regencia su esposa María Cristina de Borbón con apoyo de los liberales.

División provincial de 1833

La división provincial actual fue concebida en mil ochocientos treinta y tres por Javier de Burgos sobre los límites de los viejos reinos hispánicos, basándose en los ideales igualitarios y centralizadores del Nuevo Régimen surgido de la Revolución francesa. Se estableció oficialmente como división provincial y regional de España a través de R. D. de treinta de noviembre. Esta división prosigue esencialmente actual, salvo pequeños reajustes territoriales mayoritariamente ocurridos en los años de forma inmediata siguientes y con la excepción del decreto-ley decretado por el directorio de Miguel Primo de Rivera el veintiuno de septiembre de mil novecientos veintisiete por el que se dividen Canarias en las 2 provincias actuales.
El número de provincias aumentó cuando se reconoció como semejantes a los territorios que integraban la vieja África Occidental De España. En mil novecientos cincuenta y ocho se unieron los territorios de Río de Oro y Saguia el Hamra, creándose la provincia del Sáhara De España, el día de hoy Sahara Occidental. La capital de la provincia era El Aiún y se empleaba la matrícula SH. La administración de la provincia fue compartida con los países vecinos de Marruecos y Mauritania en mil novecientos setenta y cinco por el pacto tripartito de la capital de España, mas no la soberanía, la que -conforme el derecho internacional- proseguiría todavía a cargo de España. Asimismo fue provincia de España otro territorio del África Occidental De España, el de Santa Cruz de la Mar Pequeña entonces llamado Ifni, capital Sidi Ifni, ocupado por España en el siglo XV, y al que se concedió el estatus de provincia en mil novecientos cincuenta y ocho, entregándose al país vecino de Marruecos en mil novecientos sesenta y nueve. Y asimismo fueron 2 provincias ultramarinas desde mil novecientos cincuenta y nueve la vieja zona de Guinea De España. Por una parte, la isla de Fernando Poo (actual Bioko, capital Santa Isabel, actual Malabo, y por otro la provincia de Río Muni, en la zona continental, capital Bata, de la que asimismo dependía el vecino archipiélago de Elobey, Annobón y Corisco). En mil novecientos sesenta y tres las dos provincias se agruparon en una, la de Guinea De España, con su Estatuto de Autogobierno (Ley de autonomía de G. Ecuatorial de mil novecientos sesenta y tres), accediendo a la independencia en mil novecientos sesenta y ocho como República de G. Ecuatorial.
Las provincias en el presente marco constitucional
La actual Constitución de España recoge la división provincial del Estado, y por lo tanto el documento que las crea, al establecer que este «se organiza territorialmente en ayuntamientos, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se formen. Todas y cada una estas entidades disfrutan de autonomía para la administración de sus respectivos intereses».
También, el artículo mil cuatrocientos once de la Constitución de España define la provincia como la «entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de ayuntamientos y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado».
La Constitución asimismo usa a las provincias como base para el establecimiento de las comunidades autónomas. Por servirnos de un ejemplo, el artículo ciento cuarenta y tres establece que «…las provincias lindantes con peculiaridades históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica van a poder acceder a su autogobierno y formarse en Comunidades Autónomas». Así, en España existen comunidades autónomas pluriprovinciales (o sea, que entienden múltiples provincias) y uniprovinciales (o sea, que entienden una sola provincia).
También, la provincia es tomada como circunscripción a efectos de las elecciones generales al Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados y el Senado, salvo en el caso de las provincias insulares, en las que cada isla o bien agrupación de ellas forma una circunscripción a efectos de elección, correspondiendo seleccionar 3 miembros del Senado a cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y uno a cada una de las sobrantes islas (Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma). Las poblaciones de Ceuta y Melilla escogen cada una de ellas 2 miembros del Senado.
Organización administrativa
Con carácter ordinario, el gobierno y la administración autónoma de cada provincia corresponden a su diputación provincial.
No obstante, existen distintos regímenes diferentes del ordinario:
Las comunidades autónomas uniprovinciales aceptan las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las diputaciones provinciales.
Las comunidades autónomas insulares (Canarias y también Islas Baleares) disfrutan de cabildos o bien consejos insulares.
En el País Vasco, las diputaciones forales de los territorios históricos (esto es, las entidades en las que, por su parte, se divide territorialmente la Comunidad Autónoma del País Vasco) aceptan las competencias de las diputaciones provinciales, como el resto que les toca como órganos forales en razón del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Aspectos estadísticos

Desde dos mil tres y para fines estadísticos, basadas en las normativas europeas y fijadas por la Eurostat, se hallan las unidades NUTS en vigor en la UE. Las cincuenta provincias españolas y las 2 urbes autónomas (Ceuta y Melilla) se hallan clasificadas en los niveles NUTS-tres.

Denominación y lista de provincias

Conforme con el R. D. de treinta de noviembre de mil ochocientos treinta y tres (que estableció la división provincial), «las provincias van a tomar el nombre de sus capitales respectivas, salvo las de Álava, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya, que preservan sus actuales denominaciones».
El R. D. legislativo 781/1986, de dieciocho de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales actuales en materia de régimen local, dispone en el artículo veinticinco.2 que «sólo a través de ley aprobada por las Cortes Generales puede alterarse la denominación y capitalidad de las provincias».
Sobre la base de lo precedente, las Cortes Generales han aprobado distintas leyes que alteran la denominación de las provincias:
La Rioja: la Ley 57/1980 alteró la denominación oficial de la provincia de Logroño por la de provincia de La Rioja.
Cantabria: la predisposición final única del Estatuto de Autonomía de Cantabria (Ley Orgánica 8/1981) altera la denominación de la provincia de Santander por la de provincia de Cantabria.
Asturias: la Ley 1/1983 alteró la denominación oficial de la provincia de Oviedo por la tradicional de provincia de Asturias.
Girona y Lérida: la Ley 2/1992 alteró la denominación oficial de las provincias de Girona y Lérida por la de Gerona y Lleida (nombres en catalán de exactamente las mismas).
Baleares: la Ley 13/1997 alteró la denominación oficial de la provincia de las Islas Baleares por la de Illes Balears (nombre en catalán de la provincia).
A Coruña y Orense: la Ley 2/1998 alteró la denominación oficial de las provincias de A Coruña y Ourense por la de A Coruña y Ourense (nombre en gallego de exactamente las mismas).
Alicante, Castellón y Valencia: la Ley 25/1999 declaró cooficiales tanto dichas denominaciones en español, como las de Alacant, Castelló y Valencia en valenciano, conforme con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (Ley Orgánica 5/1982).
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya: la Ley 19/2011 alteró la denominación oficial de las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya por la de Araba/Álava, Gipuzkoa y Bizkaia (nombre en euskera —bilingüe en el caso de Álava— de dichas provincias).
En el caso de Navarra, su denominación como provincia (como como comunidad foral) es bilingüe: Navarra en español y Nafarroa en euskera, conforme la versión en estas lenguas de la Constitución y la Ley Orgánica 13/1982 de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra.